La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago ratificó las medidas de coerción impuestas a los implicados en el proceso judicial relacionado con presuntas irregularidades en el manejo de recursos del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC) y fondos provenientes del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Durante la revisión obligatoria de la medida de coerción de Héctor Antonio Lora Cruceta, expresidente del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer y miembro de la junta directiva del IORC, el tribunal decidió mantener la prisión preventiva en su contra.
Mientras que Luisa Yasiris Guzmán de Lora, esposa de Lora Cruceta, también continuará bajo prisión preventiva.
En tanto, Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa de Lora Cruceta y quien ocupó funciones de vicepresidenta y auditora interna y externa del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, mantiene la prisión domiciliaria que le fue impuesta desde el inicio del proceso.
