Santo Domingo.– La presidenta del Consejo Directivo de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), María Elena Vásquez Taveras, exhortó al sector empresarial a acercarse a la institución y aprovechar las herramientas disponibles para enfrentar distorsiones del mercado, barreras injustificadas y conductas que afecten la libre competencia.
La funcionaria explicó que el rol de ProCompetencia no se limita a la imposición de sanciones, sino que también incluye mecanismos preventivos y correctivos que benefician directamente a las empresas que operan dentro del marco legal. En ese sentido, indicó que cualquier empresario que sospeche la existencia de prácticas desleales como acuerdos de precios, boicots o exclusividades abusivas puede presentar una denuncia formal para que la Dirección Ejecutiva evalúe el caso e inicie las investigaciones correspondientes.
Vásquez Taveras destacó además que la entidad tiene la facultad de revisar normativas y regulaciones cuando un sector considera que estas generan cierres artificiales del mercado o limitaciones indebidas a la actividad económica. Subrayó que las opiniones técnicas emitidas por la institución son objetivas e independientes, y que en ocasiones han incidido en proyectos regulatorios que, de haberse aprobado en su forma original, habrían afectado a empresas.
Las declaraciones fueron ofrecidas durante su participación como invitada en el encuentro mensual de la Asociación Nacional de Empresas e Industrias Herrera (ANEIH), donde resaltó la importancia de promover un entorno competitivo que garantice igualdad de condiciones para todos los actores económicos.
En el mismo escenario, el presidente de la ANEIH, Ángelo Viro, sostuvo que la existencia de reglas claras y equitativas fortalece el clima de negocios, impulsa la innovación y permite que el talento y la eficiencia sean los factores determinantes del éxito empresarial.
Durante su intervención, Vásquez Taveras también señaló que ProCompetencia apoya a las empresas interesadas en desarrollar programas internos de cumplimiento mediante guías prácticas, talleres y asistencia técnica, con el objetivo de alinear sus procesos a las mejores prácticas internacionales en materia de competencia.
La presidenta del organismo advirtió que las distorsiones en los mercados no solo perjudican a los consumidores, sino también a las empresas que compiten con integridad. Como ejemplo, mencionó que una colusión en procesos de contratación pública no solo afecta al Estado, sino que excluye injustamente a compañías que actúan conforme a la ley.
En ese contexto, recordó que en 2024 la institución sancionó el primer caso de colusión en contrataciones públicas en el país, tras comprobarse que dos empresas coordinaron ofertas en licitaciones vinculadas al suministro de alimentos, generando un perjuicio directo a las finanzas públicas.
Finalmente, Vásquez Taveras enfatizó que el cumplimiento de la ley de competencia debe asumirse como una inversión estratégica, ya que protege la reputación corporativa, fortalece la sostenibilidad empresarial y facilita la participación en mercados internacionales.
