El Tribunal Supremo de Estados Unidos autorizó este martes a la Administración del presidente Donald Trump a reactivar temporalmente su política para enviar a algunos deportados a terceros países y anunció que escuchará los argumentos del caso en diciembre.
La decisión del Supremo deja en suspenso los fallos de tribunales inferiores que exigían informar a los migrantes sobre el país al que serían enviados y darles la posibilidad de impugnar su traslado antes de la expulsión, una medida que la Administración justifica como necesaria para deportar a personas con antecedentes penales.
Los seis jueces que conforman la mayoría conservadora del tribunal votaron a favor del Gobierno de Trump. Las juezas progresistas Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se opusieron.
La Administración Trump había solicitado en días previos al Supremo que autorizara estas deportaciones al argumentar que su suspensión supondría una «emergencia nacional» y afectaría su capacidad para expulsar a determinados migrantes.
La reactivación de estas deportaciones supone un nuevo paso en la política migratoria del Gobierno, que ha recurrido al envío de migrantes a terceros países, incluidos algunos señalados por violaciones de derechos humanos, como parte de su estrategia de deportaciones masivas y de sus promesas de campaña.
