El proyecto de ley que busca regular los juegos de azar en República Dominicana contempla un régimen de sanciones penales de hasta 10 años de prisión para quienes manipulen, alteren o distorsionen los resultados de sorteos o de cualquier modalidad de juego de azar.
La iniciativa legislativa procura unificar y modernizar el marco regulatorio de un sector que actualmente cuenta con más de 71,000 bancas de lotería y deportivas registradas en el territorio nacional.
Uno de los aspectos de mayor impacto de la propuesta es el endurecimiento de las sanciones contra las prácticas fraudulentas. El proyecto clasifica como un delito de alta gravedad la manipulación de resultados, una medida orientada a proteger la transparencia de los sorteos y la confianza de los participantes.
De aprobarse la pieza en los términos planteados, quienes intervengan de manera deliberada para modificar los resultados de un sorteo o juego de azar podrían enfrentar penas privativas de libertad de hasta una década, además de las demás consecuencias legales que establezca la legislación.
Buscan ordenar el sector
La propuesta también responde a la necesidad de actualizar las normas que regulan una industria que ha experimentado una importante expansión en el país.
La creación de un marco legal unificado permitiría establecer reglas más claras para los operadores, fortalecer los mecanismos de fiscalización y establecer mayores controles sobre las actividades vinculadas a los juegos de azar.
El endurecimiento de las penas por fraude constituye, además, un intento de prevenir prácticas que puedan afectar la integridad de los sorteos y generar perjuicios económicos a los jugadores.
El proyecto deberá continuar su proceso de discusión y aprobación en el Congreso Nacional, donde los legisladores deberán evaluar sus disposiciones antes de que pueda convertirse en ley.
La iniciativa coloca nuevamente en el debate público la necesidad de establecer mayores controles sobre el sector de juegos de azar, combinando la regulación de las actividades comerciales con medidas destinadas a combatir el fraude y garantizar la transparencia.
